13 DE OCTUBRE
DE 1987
(Un hito en
la historia de la lucha sindical de la provincia)
La década del setenta y del ochenta
del siglo pasado, fueron épocas de presencia y auge del movimiento sindical
peruano, al amparo del crecimiento de los movimientos e ideologías de
izquierda. Los gremios de trabajadores estuvieron muy organizados. Los sectores
de la minería, industria, agricultura, magisterio, salud, por citar algunos,
tuvieron notable presencia en el escenario político nacional. Las huelgas eran
frecuentes, enarbolaban reivindicaciones salariales y cumplimiento de derechos
laborales. Esta efervescencia social y política
se fue difundiendo por todo el pais, incluyendo a provincias y distritos lejanos
como el nuestro.
Una de las primeras huelgas,
convocadas desde el SUTEP, fue la de julio de 1972. Si bien no trascendió esta
medida de lucha en nuestra localidad, sin embargo, para el gobierno militar,
San Luis, fue considerado como lugar de castigo para los dirigentes gremiales,
por la lejanía y la falta de vías de comunicación para arribar al distrito. Uno
de los castigados debería ser el dirigente nacional Julio Armacanqui. (1) .
Para la huelga magisterial de 1977, el
sindicato local se había consolidado, habían arribado docentes de diferentes
partes del país, con una clara conciencia de clase social y laboral. También se habían unido indistintamente
maestros de izquierda y del APRA, (este partido todavía era progresista en esa época)
para impulsar la medida de protesta. De esas marchas nacería el nombre del
único puente en el Perú que lleva el de SUTEP (2).
No siempre los sanluisinos y la
ciudadanía fueron tolerantes e indiferentes con el desgobierno, la corrupción,
la ineptitud y la desidia en todo nivel e instancia de gobierno. Alguna vez los
paisanos entre letrados y no letrados, profesionales y no profesionales, propios
y extraños, supieron organizarse y protestar, valientemente, ante la
prepotencia, el nepotismo, el manejo poco transparente de las arcas fiscales por
las autoridades de turno. Una de las fechas de mayor recordación es del 13 de
octubre del año de 1987, en pleno primer gobierno de Alan García.
Efectivamente en la fecha señalada,
se desarrollaba un paro nacional convocado por la Confederación Nacional de
Trabajadores del Perú (CGTP) contra el gobierno de García. La confederación
albergaba distintos sindicatos de trabajadores de izquierda. Entre ellas de la
del SUTEP. En San Luis, fue apoyado en forma total por el SUTEP provincial y a
esto se sumaría el FEDIP o Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo (3), integrado
también por jóvenes y progresistas maestros. El paro fue total. Por primera vez
se observaban nutridas movilizaciones, en las polvorientas y solitarias calles
del distrito, enarbolando discursos y lemas por la defensa de la justicia y
derechos gremiales. Mientras se desarrollaba la manifestación, ese memorable 13
de octubre, algunos dirigentes invitaron a las autoridades a cooperar con la
causa magisterial. Naturalmente algunas instituciones oficiales estaban en
contra del movimiento sindical, llámese Subprefectura y la Guardia Civil por
ejemplo (4). Los manifestantes en el fragor de la lucha, maltrataron sacando de
sus oficinas a algunas autoridades, entre ellas a la subprefecta y a la jefa de
la reciente instalada oficina del Instituto de Seguridad Social (hoy ESSALUD),
ambas reconocidas militantes apristas.
La reacción de las autoridades
afectadas fue inmediata y teñida de venganza, en un pueblo pequeño, en donde todos
somos parientes, amigos, o al menos conocidos. Los lideres, docentes de la localidad,
fueron denunciados por terrorismo ante el Ministerio del Interior. Esta queja
era realmente grave, por cuanto que, en esa coyuntura, la violencia subversiva había
crecido notablemente. El estado los perseguía sin tregua para la inmediata captura
de los sospechosos. Luego periodos de interrogatorio (incluso de tortura) y encarcelamiento
seguro e indefinido. Es cierto que los mencionados docentes simpatizaban con la
izquierda, pero estaban lejos, muy lejos del fenómeno subversivo. Agudizaba la
situación, porque los denunciantes eran gente muy cercana al gobierno aprista
de ese periodo. Por lo tanto, poseían mucho poder e influencia.
Teniendo noticias que iban a ser
capturados, los docentes, con apoyo del párroco, se introdujeron a la iglesia
del pueblo, en donde los perseguidos permanecieron aproximadamente una semana. Aseguraron
con maderas y muebles las entradas del templo, impidiendo el ingreso de los
agentes de la policía para realizar las capturas de los supuestos revoltosos.
El respeto e independencia de la religión y su infraestructura, evitaron la
captura, pese a la vigilancia y esfuerzo de las fuerzas del orden. Mientras tanto los vecinos y parientes cercanos
socorrieron con vituallas y abrigo a los maestros, que en la perspectiva de la
población se habían convertido en víctimas del poder político local.
Durante el forzado encierro, la
policía los seguía acechando. Entretanto crecía la ira de las autoridades supuestamente
maltratadas que sentían impotencia ante la imposibilidad de la captura de sus
ofensores. Los docentes en este tiempo se dedicaron a la lectura y otros
pasatiempos para mitigar el aburrimiento del largo y obligado aislamiento.
En el transcurso de los días, el gobierno
local, el párroco del pueblo, interpusieron la mediación del conflicto en la
ciudad de Huari. Los representantes del Ministerio Público y la Guardia Civil,
constataron la inexistencia de delitos contra las autoridades como para ser
perseguidos y encarcelados.
Salieron los dirigentes del
encierro, maltrechos, barbados y con algunos kilos de menos. La inadecuada alimentación,
el frio del inmenso espacio litúrgico y principalmente la preocupación por las
graves denuncias había deteriorado la salud física de los dirigentes. El
colofón de este episodio fue el cierre de la Oficina del Seguro Social en San
Luis, como represalia por desafiar el poder de las autoridades locales. No se volvió a abrir hasta hoy este importante
servicio médico, pese al considerable número de contribuyentes.
Han transcurrido 48 años de este
hito de la historia sindical en nuestro distrito. En este lapso, no se ha producido
un acontecimiento de igual dimensión y características, pese a que, en la
década de los noventa, se produjeron numerosas huelgas durante el fujimorato.
En la actualidad, conforman el sindicato provincial, profesores sin visible
procedencia y orientación política, que en las elecciones votan indistintamente
por candidatos de canteras opuestas. Esa
conciencia de clase, la identificación del maestro con su gremio, se fueron
diluyendo en el tiempo. Mientras el sindicato nacional, el combativo SUTEP, no
es mas que un puñado de docentes enquistados en la cúpula, estos dirigentes que
no representan a nadie, pero no quieren desprenderse del dinero de los maestros
que ingresa mensualmente a través de la Derrama Magisterial.
(1) Julio Armacanqui fue uno de los
lideres fundadores del SUTEP. Tomó una alternativa pro china, en vista que la
izquierda peruana se había alineado con el socialismo soviético. De aquí
nacería Patria Roja, movimiento que ha manejado el gremio por décadas, causando
mucho daño al sindicalismo magisterial.
(2) Ver el artículo Puente SUTEP, en el
bloq Pirushtu el Mirador publicado en octubre del 2024.
(3) Los Frente de Defensa de los
Intereses del Pueblo (FEDIP) fueron instituciones creadas en la década del
ochenta como medios la vigilancia de la gestión de gobiernos locales y
regionales. Fueron capaces de convocar huelgas y paros, incluso deponer
autoridades. En la actualidad aún existen en algunos pueblos y ciudades, pero
sin la fuerza y convocatoria de otros tiempos.
(4) La Policía Nacional del Perú, es una
institución de reciente creación (por lo menos en el nombre), se debe a la
unificación de la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Policía de
Investigaciones del Perú en diciembre de 1988.
